La inmoralidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no deja de sorprender. Cada sentencia que sale de su seno tiene el único objetivo de beneficiar a Nicolás Maduro y al resto del régimen dictatorial de Venezuela.
Este máximo tribunal debería estar integrado por ciudadanos de excepcionales valores éticos y morales, pero la realidad es todo lo contrario: dentro de sus integrantes, 11 magistrados tienen prontuario policial, empezando por el presidente que fue juzgado por homicidio.
Se observa con cada actuación de ese tribunal ilegítimo una enorme falta de apego a las normas constitucionales. Han hecho y deshecho a su antojo los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Este írrito TSJ nació amparado en la ilegalidad. La designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes —a cargo de la moribunda Asamblea Nacional de mayoría oficialista, el 23 de diciembre de 2015— ocurrió con una rapidez totalmente alejada del debido proceso establecido en la ley.
No se respetaron los tiempos necesarios ni se escogieron los candidatos más idóneos para ocupar los cargos. Se trató de un proceso viciado de nulidad por donde se mire.
Estos supuestos magistrados se han convertido en los arrastrados de la dictadura de Maduro. Nuestra máxima corte pasó a ser la guarida de exdiputados chavistas y otros personajes identificados ideológicamente con el PSUV. Allí no hay nadie que pueda lucir con honor su puesto de magistrado. Son unos criminales que deberán pagar por sus fechorías.
Con su actuación ilegal solo buscan desconocer la soberanía popular y anular el trabajo que la Asamblea Nacional —elegida democráticamente por 14 millones de venezolanos— ha tratado de emprender a favor del progreso del país. En las últimas semanas, la Fiscalía General de la República también pasó a ser su blanco de ataque, solo por pretender recuperar el carácter democrático de Venezuela.
El descaro de este ilegítimo TSJ sobrepasó los límites con las famosas sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, publicadas el 28 y 26 de marzo de 2017, respectivamente. Con ellas se pretendió suprimir la inmunidad parlamentaria de los diputados y darle poderes al Ejecutivo para constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN.
Esos son solo 2 ejemplos de las más de 60 sentencias inconstitucionales que han denunciado los expertos en Derecho Constitucional.
A partir de las sentencias mencionadas, la fiscal general Luisa Ortega Díaz no tuvo más remedio que denunciar la ruptura del hilo constitucional, por lo que Maduro se vio forzado a pedir que fueran revocadas las decisiones. Desde ese momento, Ortega Díaz emprendió una cruzada legal a favor de recuperar la democracia que le costó la remoción del cargo.
La corrupción en los tribunales y procesos judiciales son los elementos característicos de este TSJ. No reparte justicia, sino represión, venganza, amedrentamiento… Ahora se concentra en encarcelar alcaldes de la oposición elegidos legalmente. El TSJ es otra muestra de que los Poderes Públicos están unidos para proteger a Maduro.
Me quedo con la antigua Corte Suprema de Justicia de la cuarta república, quienes a pesar de las circunstancias y decisiones políticas tuvieron la valentía de enjuiciar y destituir a Carlos Andrés Pérez. Rechazo este TSJ, que ha sido el brazo ejecutor de los crímenes de la dictadura.
Foto: cortesía.
Jesús Alberto Fuenmayor 